El martes 6 de diciembre se dará a conocer el veredicto en el caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner. Los principales puntos de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; y la argumentación de los defensores de la Vicepresidenta.

La fiscalía

Cristina está acusada por los delitos de asociación ilícita agravada por su condición de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso real.

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El fiscal Diego Luciani pidió que se condene a la vicepresidenta a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas.

“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, según la acusación de la fiscalía.

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Fue entre 2003 y 2015

“Se trató de una organización que replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado”

Según expuso Luciani

Participaron funcionarios públicos en ejercicio

En su alegato, Luciani señaló que “delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”.

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“Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que está acreditado”, señaló.

“Se otorgaron fondos injustificados a Santa Cruz y las autoridades nacionales direccionaron las licitaciones para que ganara casi todas Báez”

Según la acusación…

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“24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas”

“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas”

“Consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios”

Luciani y Mola acusaron a la vicepresidenta de armar el plan “limpiar todo” antes de dejar el poder en diciembre de 2015 y mostraron mensajes de texto entre Báez y López.

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Sostuvo que las decisiones relacionadas con la inversión pública son competencia de los organismos políticos y no existe ninguna norma que limite la forma en que deben distribuirse esos fondos.

La defensa de Cristina

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Los fondos destinados a Santa Cruz, según los defensores, se justificaban por el déficit que tenía su red vial en 2003. Ninguna de las 51 obras adjudicadas a Báez que fueron investigadas, resultó improductiva o innecesaria, advirtieron los abogados.

Para la defensa quedó acreditado, en el juicio, que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con los controles legales y financieros.

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Afirmó también que quedó probado que “jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para que voten a favor de las leyes de presupuesto del período comprendido entre  2004 y 2015”.

Los defensores señalaron que todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que “jamás recibieron de Néstor o Cristina Kirchner orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez”.

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La Fiscalía jamás pidió una pericia que demostrara que se habían pagado sobreprecios en las obras.

El único estudio pericial que se hizo fue a instancia de las defensas y el tribunal lo limitó sólo a cinco obras elegidas según criterios de los fiscales.

Para la defensa…

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La prueba incorporada demostró que las obras con demoras tenían justificación.

Se demostró que no existieron deficiencias de construcción relevantes y que todo lo que se pagó correspondía a trabajos ejecutados.

No se hicieron pagos por obras no realizadas.

Para la defensa…

La supuesta reunión del 30 de noviembre de 2015 entre Cristina y Báez para diseñar el plan “limpiar todo” jamás existió, argumentaron los abogados. Ese día la entonces presidenta participó de un acto en Río Negro transmitido en directo.

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Los mensajes de celular que expuso la fiscalía, demostraron que López tenía una relación fluida con Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri, y con otro empresario de la construcción, concluyó la defensa.