El Gobierno emitió una orden para que las empresas de medicina prepaga ajusten las cuotas conforme a la inflación, sustituyendo los incrementos aplicados desde diciembre, como respuesta a la desregulación de precios y los conflictos recientes en el sector.
Esta medida implica retrotraer las cuotas a diciembre de 2023, permitiendo a las prepagas aplicar un máximo equivalente al IPC para futuros aumentos, con una vigencia inicial de seis meses. Según las estimaciones, se espera una reducción del 33% en las cuotas, tomando en cuenta la inflación proyectada para abril del 10%. Esto representaría un alivio financiero significativo para los afiliados.
Aunque las empresas tienen la posibilidad de apelar la medida, esta ya está en vigor, lo que significa que deben ajustarse a las nuevas regulaciones establecidas por el Gobierno. Además, se contempla la aplicación de multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras por prácticas anticompetitivas.