Se realiza la Marcha Federal Universitaria que moviliza a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas.

El principal reclamo de quienes participarán en todo el país es a favor del financiamiento educativo, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de ACIJ.

Desde el Gobierno atribuyen la medida a intereses partidarios y acusan a las casas de estudio de adoctrinamiento y falta de transparencia

1. Apoyos y respuestas: las 57 universidades nacionales suman 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados –entre docentes universitarios y preuniversitarios, autoridades y personal no docente–, según los últimos datos oficiales, de 2022. Apenas el 15% de los docentes tiene dedicación exclusiva.

2. Cruces por los gastos de funcionamiento: la semana pasada el Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios.

Esos fondos se depositaron el lunes, según informó el Ministerio. Sin embargo, desde las universidades respondieron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada desde el año pasado –que calculan en torno a 280%– y sostuvieron la medida de fuerza.

3. Salarios en baja y un conflicto anunciado: desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del Frente Sindical de Universidades (FSU), señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.

4. Acusaciones de adoctrinamiento y opacidad: desde el Gobierno insistieron con las auditorías a las universidades nacionales y algunos funcionarios incluso atribuyeron la movilización a la resistencia de las universidades a “perder sus privilegios”. Desde el CIN respondieron que las instituciones son fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). 

5. El “congelamiento”: al comunicar que había transferido los fondos a las universidades, el Ministerio de Capital Humano planteó que la actualización de las partidas –tras la inflación récord acumulada desde 2023– puso fin a “la política de congelamiento presupuestario del gobierno anterior”.