Luego de alcanzar su pico máximo de violencia en 2022, el gobierno de Nayib Bukele se propuso revertir la situación criminal. Pero su estrategia tiene un lado B: amenazas, abusos y miedo a la autoridad.
Dispuso el estado de excepción y comenzó una guerra contra las maras que amedrentaban a la población. Desde entonces, la presencia de los delincuentes ha disminuido considerablemente.
Esta transformación radical que vivió el país llevó alivio a la población, pero también implicó la supresión de los derechos constitucionales.
En este año de lucha, Bukele encarceló a más de 65.000 delincuentes -o sospechosos- de los 6.3 millones de habitantes del país. Las condiciones carcelarias fueron denunciadas por derechos humanos.
A raíz de las medidas, volvieron a funcionar los bancos, las salidas nocturnas, los envíos de comida a domicilio y hasta la actividad física en parques y plazas.
Sin embargo, el precio a pagar por ello es alto para quienes viven en zonas aún militarizadas y en donde los agentes ingresan a la fuerza para registrar sus hogares y a sus familiares.
La ONG Cristosal documentó 3.344 casos de violaciones a los derechos humanos y aseguró que 1 de cada 6 personas encarceladas es inocente.